En toda Argentina, las organizaciones sindicales han confirmado su participación en el paro general previsto para el miércoles 24 de enero de 2024. Esta medida de fuerza responde al descontento generalizado frente al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la polémica ley ómnibus propuesta por el gobierno nacional, percibidas como medidas que eluden el proceso democrático legislativo y atentan contra los derechos de los trabajadores.

La central sindical CGT Misiones, en un acto de solidaridad y defensa de los derechos laborales, ha hecho un llamado a los trabajadores para congregarse en la plaza 9 de Julio en Posadas el miércoles 24 de enero a las 9 horas, con el objetivo de alzar la voz en protesta.

El secretario general del SOESGyPE Misiones, Gerónimo Sanabria, ratifica que “el paro no se para. Hay un convencimiento de la necesidad de defender los derechos de la clase trabajadora y de los sectores más humildes y el plato de comida y la dignidad de nuestros trabajadores es innegociable”.

Desde el SOESGyPE el llamado es que a que los trabajadores se autoconvoquen. “No va a haber movilización. Esperamos concentrarnos y manifestar pacíficamente en todas las plazas en Misiones y en todo el país. La participación y asistencia a estas movilizaciones es voluntaria, y dejamos en los trabajadores la libertad de decidir su grado de participación. Pero hay que rescatar que la unidad mostrada en los plenarios realizados a lo largo del país, y en especial en el plenario general de la CGT en Buenos Aires, refleja un rechazo contundente al DNU y a la Ley Ómnibus” afirma Sanabria.

Las objetadas medidas gubernamentales proponen modificaciones significativas a la legislación laboral vigente, tales como la suspensión de ciertos beneficios de los Convenios Colectivos de Trabajo, cambios en la ley de indemnizaciones por despidos, y la reducción del reconocimiento de horas extras, entre otros.

La Medida de Fuerza cuenta con Apoyo mayoritario de todas las Organizaciones Gremiales

En Buenos Aires, la CGT hizo lo propio con un plenario de delegaciones regionales, que contó con la presencia de 250 dirigentes de más de 70 delegaciones de todo el país. Allí se expresó una profunda preocupación por aquellos aspectos de la Ley Ómnibus que se perciben como amenazas a la soberanía nacional, los derechos laborales, la libertad de expresión y protesta, el modelo sindical argentino, y los sistemas de salud y previsión social.

Ya anunciaron que se suman a la huelga la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que nuclea a los gremios de Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos, por lo que afectará al servicio terrestre y aéreo en todo el país.

También será parte de la protesta ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA). También se suman gremios entre los que están el SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa) y el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), entre muchos otros.

En el plenario de esta semana donde se ratificó la medida de fuerza, se denunció la criminalización de la protesta social como una táctica represiva ante un plan de ajuste económico por parte del actual gobierno. Se lanzó una advertencia a aquellos negociando el DNU y las leyes con la administración de la Casa Rosada desde las gobernaciones y bancas legislativas, recordándoles la importancia de no actuar a espaldas del pueblo trabajador, especialmente aquellos representantes del campo nacional y popular.

En el plenario, se discutió la grave crisis actual que ha llevado a una drástica pérdida del poder adquisitivo y a la amenaza de futuras pérdidas de empleo. Se criticó que las medidas adoptadas por el gobierno parecen ir en detrimento de los sectores medios y empobrecidos del país, incluyendo trabajadores, jubilados, profesionales y emprendedores, favoreciendo intereses de grupos privilegiados.

Este paro general se erige en un símbolo de resistencia y unidad en contra de políticas consideradas perjudiciales para la vasta mayoría de los argentinos.